La decisión del Consejo, adoptada por unanimidad, supone la reposición de las ayudas al empleo, tal y como recoge el VI Acuerdo de Concertación Social, que pretende incrementar en un 20% la contratación indefinida a lo largo de esta legislatura. Los incentivos darán, además, prioridad a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como las mujeres en los sectores en los que están subrepresentadas y en los supuestos de incorporación o reincorporación tras la maternidad y tras la atención a personas dependientes; los jóvenes menores de 30 años en determinados sectores; los parados de larga duración mayores de 45 años y otros colectivos vulnerables (discapacitados, inmigrantes,...).
Asimismo, se da prioridad a las micropymes, tanto en el acceso como en la intensidad de las ayudas, estableciéndose ayudas del siguiente modo: 4.750 euros para empresas de hasta diez trabajadores, 4.250 para entidades de 11 a 50 trabajadores y 3.005 euros para empresas de hasta 250 trabajadores. Se recoge una línea concreta diseñada para algunos territorios con desequilibrios importantes en materia de empleo. Otra novedad es, dentro de la primera línea, el fomento a través de ayudas a la contratación de técnicos/as en prevención de riesgos laborales.
Entre los requisitos incorporados destaca la obligación de las personas beneficiarias de haber pasado por un itinerario de inserción del SAE , o de los empresarios de acudir al SAE a realizar sus ofertas de empleo. Asimismo, se establece que al menos un 50% de la plantilla debe ser fija al solicitar la ayuda, o alcanzar tal porcentaje tras efectuar las contrataciones, y que estas nuevas contrataciones supongan un incremento de la plantilla respecto al mes anterior. Se amplía además a cuatro años el período mínimo en el que el trabajador debe permanecer en la empresa. De este modo, las nuevas condiciones tienen como fin el fomento real de la calidad en el empleo.
Otra de las principales novedades es la exclusión de los incentivos para aquellas empresas que hayan sido condenadas o sancionadas por falta grave en materia de prevención de riesgos laborales, discriminación laboral o en materia de género. En el caso de las ayudas al inicio de actividad, quedan excluidas las personas que en los tres años anteriores hayan ejercido la misma actividad o hayan recibido una ayuda en los tres ejercicios anteriores.
Con estas nuevas medidas, la Consejería de Empleo cumple en el plazo de un mes y medio con los compromisos adquiridos en el VI Acuerdo de Concertación.
EL DIRECTOR DE LA OFICINA S.A.E. DE DÚRCAL
Fdo. José A. Puerta Alarcón
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